El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda preocupación por la operación militar estadounidense en Venezuela, señalando ante el Consejo de Seguridad que el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.
Guterres advirtió que la intervención de EE.UU. podría agravar la inestabilidad interna en Venezuela y tener un impacto negativo en la región. Además, instó a los actores venezolanos a participar en un diálogo inclusivo y democrático, respetando los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo.
En el momento de su declaración, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, por acusaciones graves de las autoridades estadounidenses, lo que Guterres recordó como un hecho que intensifica la tensión internacional. La operación afectó principalmente a Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, aunque aún se desconoce el número exacto de víctimas.
La representante de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, condenó la detención de Maduro, calificándola como una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU, que socava la soberanía e independencia política de Venezuela. Insistió en que los Estados miembros deben defender las normas internacionales para preservar la paz global.
El representante ruso, Vasily Nebenzya, acusó directamente a EE.UU. de actuar como un agresor, señalando que la operación persigue objetivos ilegítimos, incluyendo el control de los recursos naturales venezolanos y la imposición de hegemonía estadounidense en América Latina. Además, denunció que el llamado «orden mundial basado en reglas» promovido por EE.UU. se aplica de manera selectiva según intereses políticos, generando riesgos para la estabilidad internacional.
En la misma línea, China, a través de su representante adjunto Sun Lei, afirmó que la acción estadounidense pisotea la soberanía venezolana y viola los principios fundamentales de la Carta de la ONU, representando un peligro para la paz y estabilidad de toda la región latinoamericana y caribeña.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, intentó justificar la operación, afirmando que se trató de arrestar a un líder acusado de narcoterrorismo. Sin embargo, los críticos señalan que EE.UU. busca imponer un control político y económico sobre Venezuela, mientras niega la ocupación de facto del país. Waltz defendió la intervención como protección de ciudadanos estadounidenses, pero su narrativa no logra ocultar los intereses estratégicos y geopolíticos detrás de la acción.
Analistas internacionales consideran que la operación refleja una política de agresión unilateral, que ignora la soberanía de los pueblos y amenaza la estabilidad regional. Guterres y los miembros del Consejo coincidieron en que la paz internacional depende de respetar las normas del derecho internacional, una responsabilidad que EE.UU. ha vulnerado en esta ocasión.
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